Universidad y ética de lo público

A la memoria del profesor Iván Velasco Pérez, compañero de ideales de juventud.

La pregunta con la que se me solicitó este ensayo fue ¿cómo puede la universidad pública comprometerse con la creación y/o fortalecimiento de una ética de lo público?

Yo comienzo por encontrar legítimo que dicha sea pregunta sea dirigida a la universidad pública, la universidad que se financia con los dineros del Estado. Pero contra-pregunto:  ¿es ésta una obligación exclusiva de la universidad pública?¿No estaría la pregunta  aceptando ya cierta distribución de funciones dentro del sistema universitario nacional, una que excluye a la universidad privada de toda obligación ética con lo público? Preguntar esto no es tanto quejarse por lo inequitativa que pueda resultar esta distribución de las cargas, sino más bien advertir que ella sería ya una forma de minar por la base la esperanza misma de fortalecer éticamente lo público, pues buena parte de quienes terminan configurando, a través de las prácticas y los discursos, el rostro de lo público, no proceden de la universidad pública sino de la privada.

Pero habría otra dificultad anexa a la eventualidad de pedirle solamente a la universidad pública que se comprometa con la creación y fortalecimiento ético de lo público, en este caso cuando dicha petición corre pareja con cierta idea, cada vez más difundida, de que la función de la universidad pública es servir a los sectores populares, aquellos que no acceden a la universidad privada, y que tiene que servirlos proveyéndoles una instrucción netamente profesional. Así, en lugar de liberar el potencial de la universidad pública como cantera de una ética pública, se ahondaría la separabilidad social, con la consiguiente proliferación de éticas sectoriales que conspiran unas contra otras y, por ende, contra cualquier intento de hallar un consenso moral acerca de lo público o, lo que es lo mismo, hacer normativamente posible lo colectivo. Hasta cierto punto, como sostendré más adelante, una ética de lo público depende de cierta superación del carácter clasistamente funcional del sistema universitario, del cual la universidad pública es sólo un aspecto.

Por otra parte, si asumimos que ese carácter ‘público’ no lo define el ser necesariamente la universidad de los sectores populares sino, más bien, el ser la universidad del Estado, se despejan ciertas inquietudes pero surgen otras. ¿Debe la universidad pública hacerse  eco de los valores éticos del Estado y propagarlos por toda la sociedad hasta formar una ética pública?  ¿Cuáles son, para comenzar, esos valores? Y, suponiendo que los podemos identificar, apropiar y propagar desde la universidad pública ¿no haríamos con ello de la universidad una simple correa de transmisión, un aparato ideológico del Estado?    De ser así, la universidad no contribuiría a la formación de una ética pública, una ética cívica socialmente construida acerca de lo público, que no es lo mismo que una ética estatalista, sino que más bien la inhibiría.

Aún se puede interrogar a la pregunta de otro modo, antes de responderla. ¿Supone la pregunta que lo público está en crisis y que esa crisis se define en términos éticos? Asumamos que sí. ¿Cómo entonces se pretende que la universidad de lo público, la universidad pública, escapa a esa crisis y puede ella, desde quién sabe qué reserva ética, contribuir a su solución? Por otra parte, si esa crisis no está en el Estado sino en la sociedad ¿estaría la universidad pública, la universidad más expuesta a las crisis del mundo social, en una condición excepcional que le permitiría aún asumir ese compromiso que se está imponiendo? En síntesis, si la crisis del Estado o la crisis de la sociedad afecta a la universidad pública ¿de dónde se espera que ella tome cierta independencia con referencia al Estado, que la financia, o a la sociedad, que la permea y habita, para contribuir ética y constructivamente a la esfera pública, al espacio de confluencia de ambos?

Habiendo problematizado de esa manera la pregunta propuesta, retorno a la cuestión del compromiso de la universidad con una ética de lo público comenzando (1) por precisar lo que entiendo por la misión de la universidad desde su propio ethos y (2) lo que hace que ese ethos se abra paso entre la inevitable tensión saber-poder. Esto me ayudará a dilucidar lo que entiendo como la debida relación de la universidad con el poder. Una vez hecho eso, (3) procederé a dilucidar mejor sus relaciones con la sociedad, como de hecho se dan, y la forma como el ethos universitario puede reconducir esas relaciones en concordancia con la misión de la universidad. Luego (4) trataré de precisar el carácter ‘público’ de la universidad pública y la forma como él define un compromiso con la justicia social y simbólica, justicia que tendrá un efecto directo en la constitución social de lo público. Llegado a este punto, (5) intentaré precisar por qué se impone hablar de moralidad y no de ética pública y el carácter de esa moralidad.

1. La misión de la universidad y el ethos universitario

La función que cumple la universidad en la sociedad tiene que ver, en primera instancia,  con su carácter de reproductora del saber y del saber hacer, es decir, de la ciencia y la tecnología. Pero la misión supera esta función eminentemente reproductiva y apunta a unas relaciones más apropiadas con su entorno social, generando una reflexión sobre lo que ese entorno debería ser, reflexión que termina por afectar críticamente el saber y el saber hacer hasta ahora aceptados. De esa manera, a la enseñanza de la ciencia y la tecnología se le agregan la investigación científica propiamente dicha, los estudios humanísticos, las discusiones interdisciplinarias, la investigación social y la creación artística. Como insistiré más adelante, la misión universitaria puede superar esa función meramente reproductiva solamente si no se reduce a un espacio donde se dicten clases para cualificar mano de obra. Esta misión la pondrá a salvo de un excesivo plegamiento a cierta   institucionalización del saber al servicio del mercado y del ordenamiento profesional requerido por éste, plegamiento que la podría llevar a un indeseable afán por adaptar la enseñanza y la investigación a las demandas técnicas y administrativas del momento en concordancia con los últimos métodos y las últimas recetas del mercado. Si la universidad se abstuviera de repensar lo viejo  a la luz de los problemas del momento, si renunciara a la función de revisar los problemas que llegan de afuera, a menudo planteados desde la lógica que impone cada afán,  reduciendo la enseñanza general y marginalizando la cultura humanista, no haría sino envejecerse a fuerza de querer rejuvenecerse, como señala el filósofo Edgar Morin para quien, “siempre en la vida y en la historia, la sobre-adaptación a condiciones dadas ha sido, no un signo de vitalidad, sino un anuncio de envejecimiento y muerte, por pérdida de la substancia inventora y creadora” [Morin, 1997:2].  Sobre esto volveré en un momento.

Retomando el tema de la misión de la universidad, la entiendo como un ideal de función, la función ideal  que se asigna a sí misma la universidad con relativa independencia de las demandas que de ella hacen las instituciones, el mercado y las modas sociales. Como un darse a sí misma una función que vaya más allá de las funciones que se le quieren asignar desde afuera y al ritmo de cada cambio en el mundo social y cada nueva mirada desde el mundo político. Y entiendo esta misión como un indicio de la clarificación de su ética y como un comienzo del posible aporte universitario a la consolidación de una ética de lo público. 

Enfatizo: sólo aclarándose sus fines éticos puede la universidad sobreponerse a la tiranía que sobre ella pueden llegar a ejercer las exigencias inmediatas del orden económico o  los ideales doctrinales, ya sean éstos religiosos, éticos o políticos. Sólo asumiendo conscientemente su ética  y siendo fiel a su origen y a su historia, evitando plegarse acríticamente a cualquier doctrina con tendencia hegemónica, puede la universidad tomar distancia frente a las éticas promovidas por instituciones confesionales, movimientos intolerantes o poderes totalitarios. Al hablar de la historia, no quiero decir con esto que no haya habido casos de recepción pasiva de estas éticas en la universidad y que no los habrá en el futuro. Lo que quiero enfatizar es que la tradición le dicta a la universidad que su ética esté más ligada a  los derechos del saber, de la creación y la crítica y que sólo de esta tradición puede ella extraer la inspiración que ha de guiarla en sus relaciones con el poder, el mercado y el capital. Frente a ellos, la universidad debe insistir en no ser heterónoma sino autónoma, en defender una autonomía que ha venido a ser simbolizada en la consigna de la libertad de cátedra. Esta libertad de cátedra y cierta autonomía administrativa, la autonomía universitaria, son las únicas que pueden preservar la universidad de las tentaciones de  convertirla en instrumento de poder, de reproducción ideológica de formas de dominio, así como de su excesiva instrumentalización por parte de grupos de resistencia política, especialmente en épocas de fuerte polarización de los conflictos sociales. 

Para decir las cosas de una manera más enfática, si la universidad ha de darse una ética, puesto que no puede recibirla pasivamente del Estado, puesto que no puede plegarse acríticamente a las codificaciones éticas que se hayan impuesto al orden social desde un centro de poder político o que están emergiendo políticamente en él, puesto que no puede declararse confesional, puesto que no puede someterse acríticamente a las exigencias del mercado de cualificar tal o cual mano de obra o propiciar tal o cual forma de consumo, digo, si ella ha de darse una ética, tendrá que extraerla de su propio ethos, esto es, de las prácticas y fines que hacen de la universidad una comunidad humana específica.  Y, como ya dije antes,  las prácticas y fines de la universidad giran alrededor del saber, del saber hacer, del crear y del reorientar críticamente la sociedad, vale decir, del saber y del ejercer la acción crítica y creativa en la medida en que ello se hace posible desde la razón y la sensibilidad humanas. El saber y no únicamente el saber hacer, porque una verdadera universidad tiende a ser algo más que  un simple espacio de capacitación de recursos humanos de acuerdo con las necesidades que día a día irá imponiendo el sistema productivo.  La crítica, y no únicamente el saber, porque una verdadera universidad tiende a ser algo más que un simple espacio de reproducción del saber. 

La historia está a favor de este carácter creador y crítico de las universidades porque, ni aun las universidades del fin del medioevo fueron simples reproductoras del saber, entre otras cosas porque el saber, a diferencia de los líquidos, no se limita a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Tiene de suyo cierta capacidad para redefinir los espacios donde emerge, para redefinirlo todo, para no estancarse putrefactamente o fluir tímidamente como una mera e insulsa erudición, sin implicaciones sobre la realidad, ni como un puro practicionismo técnico huérfano de toda capacidad crítica. Con base en esto, pues, podríamos llamar universidad a un espacio donde se produzca esta clase de saber y donde pueda florecer esta capacidad crítica y creadora del ser humano, a un ambiente que haya sabido darse cierta independencia con referencia a las exigencias y jerarquías que lo rodean.

Tan definitorio es este rasgo de su ethos que uno podría incluso pensar que, en esencia,  la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, el Jardín de Epicuro y similares experiencias de la antigüedad,  podrían llamarse universidades, de no ser porque no fue sino hasta el final del medioevo y, decididamente, al comienzo de la modernidad cuando  la universidad emergió como institución permanente y necesaria del orden social occidental y adquirió esa libertad de cátedra y de administración que la hacen distintiva. Y habría que resaltar que su nacimiento no fue el pasivo producto de una simple asignación de funciones desde el nuevo orden económico; que ya en su origen estuvo ella impulsada por sus propias luchas, esas que  le dieron desde adentro un espíritu independiente que fue el germen de la libertad de cátedra, como se vio en el origen de la Universidad de París, la escuela Catedralicia de Oxford y la Universidad de Cambridge. “Lucha por la introducción de Aristóteles, lucha alrededor del averroísmo latino, lucha por la presencia y predominio de profesores religiosos, lucha entre Franciscanos y Dominicos defendiendo cada uno su visión de la realidad, lucha entre las mismas universidades como las de París y Oxford defendiendo la primera una actitud fundamentalmente especulativa y la segunda una tendencia hacia el pensamiento matemático y experimental” [Herrera, 1982: 72]. Como bien lo señala de nuevo Morin, “la autonomía universitaria (inicialmente de la religión y el poder) se decidió con el principio del libre examen, que equivale a su libertad interior, y la instalación de manera central de la problematización” [Morin, 1997:2].

2. La inevitable tensión saber-poder

Como lo pregonó cierto marxismo de la década de los 70, la universidad pueda llegar a ser uno de esos aparatos ideológicos del Estado.  Además el orden del saber, como lo pregonan otras corrientes filosóficas, bien puede tener una relación subsidiaria con cierto orden de poder. ¿Cómo pretender, entonces, que la universidad no cumple también una función de poder? Al haberse institucionalizado precisamente con el advenimiento de la modernidad, modernidad que en gran medida se decide con una estructuración de las relaciones sociales de poder con las relaciones de saber ¿cómo negar que la universidad se inserta en las dimensiones del poder?

Respondo a esto diciendo que, si bien no es fácil negar que la organización del mundo social, tal como lo conocemos hoy en día, con sus evidentes logros pero también con sus evidentes injusticias, es posible, aunque sea indirectamente, gracias a algunas de las funciones que cumplen las universidades, esto no equivale a una rotunda reducción de la universidad a un mero aparato de poder. Por otra parte, un poder para el cual es  necesario el saber, que es ya algo más que una fuerza desnuda y arbitraria, termina por permitirle a la universidad, si ella es lo suficientemente dinámica y crítica, cierta dimensión ética que la pone a salvo de un control totalitario por parte del mismo. Finalmente, el poder, que puede ser también un principio de organización social no evitable ni aun en el mejor de los mundos posibles, puede ser puesto al servicio de la humanización del orden social, económico y político gracias a esa dinámica crítica de la universidad (pero también eventualmente gracias a una prensa libre y crítica, a una opinión pública madura e independiente, a una vida democrática fuerte y capaz de ejercer control sobre sus gobernantes y en esto también la universidad se juega su papel formativo).

Evitemos, pues, una satanización a ultranza del poder y más bien tratemos de ejercer, desde cierta refuncionalización de la universidad, un mayor control de la sociedad sobre el poder, especialmente en su forma política. Esta refuncionalización es precisamente el margen de maniobra que la universidad necesita para constituirse en fuente de una ética de lo público.

Aquí vuelve a tener pertinencia la exigencia de que la universidad defienda su independencia, pues ella no podría constituirse en esa fuente ética para lo público si no logra cierta separación con referencia al gobierno y al Estado, separación indispensable para eludir cualquier función instrumental que se le quiera imponer y cualquier tarea indeseada en la reproducción del poder político. Para el caso colombiano, Jaime Restrepo Cuartas, ex rector de la Universidad de Antioquia, ha dicho que a las universidades públicas, “nos disgusta el apelativo de oficiales, ya que no estamos al servicio del Gobierno, sea éste de cualquier ideología política, y tampoco nos agrada que nos llamen estatales porque lo público trasciende al Estado; de ahí que el constituyente primario, en la nueva Constitución de 1991, la haya declarado autónoma, es decir, no dependiente de ningún organismo del Estado y no sujeta a interferencias por ninguno de los poderes públicos” [Restrepo, 2000: 170].

3. La universidad como microcosmos social

Las universidades están dentro de una sociedad determinada y como tal atravesadas por todas las variantes que inciden en ella. Esto es más cierto con respecto a las universidades públicas, donde tiene cabida una diversidad aun mayor de sectores, con las tensiones y actitudes que traen del mundo social. Reconocer esto es importante, pues si la universidad ha de contribuir a la formación de una ética de lo público, no puede hacerlo si ella se mantiene en una situación puramente receptiva con respecto a la sociedad dentro de la cual vive. En cierta manera, debe independizarse de ella, no en el sentido de romper  toda relación con la realidad social que la rodea, consigna aislacionista tan indeseable como imposible, sino en el de replantearse críticamente esa realidad y ofrecer una nueva actitud ante las tensiones. Si ya la sociedad invade, con todas sus tensiones, la universidad, la  universidad debe tener la capacidad, o debe propugnar por alcanzarla, para redefinir el modus operandi de las mismas dentro de la universidad, especialmente cuando ella está en medio de un fuerte conflicto social. Allí es más imperativo que el ethos universitario se consolide hasta el punto de convertir en innecesaria la violencia aun para las fuerzas violentas que hacen presencia dentro de la universidad. Ese ethos lograría, de una manera no arbitraria, que los radicalismos se maticen, que los odios de clase se transformen en análisis y propuestas de cambio y que las invisibilizaciones, exclusiones y discriminaciones se superen por la dinámica del reconocimiento de las diferencias, apaciguando la intolerancia, el resentimiento y el temor al otro.  

Cierto: de vez en cuando habrá de triunfar en la universidad la condena sin reservas,  el tropel sin argumentos, la consigna sin contenido, el adoctrinamiento sin dudas. También en más de una oportunidad se impondrán quienes intentan cudricular la universidad como un batallón, frivolizarla como una pasarela o exhortarla como a una secta, volviéndola en un caso dócil, en el otro light  y en el último confesional. Contra tales tendencias, sólo su ethos puede garantizarle su espíritu creador y su independiente capacidad para el razonamiento e impedir que se domestique su tendencia a revisar libremente los cursos de la acción humana.  Y en la medida en que logre esto, la universidad afectará a los actores sociales que lleguen a ella e incluso, a través de ellos, llevará su ethos más allá de su campus, haciendo de ese proceder un estilo social de asentar la convivencia. Esta es, también, una contribución universitaria a la ética de lo público. En esto vuelvo a coincidir con Morin cuando define la tarea extensa de la universidad como “defender, ilustrar y promover en el mundo social y político, valores intrínsecos de la cultura universitaria: la autonomía de conciencia, la problematización (con la consecuencia de que la investigación debe seguir siendo abierta y plural), el primado de la verdad sobre la utilidad, la ética del conocimiento” [Morin, 1997:2].

4. La vocación pública de la universidad pública y el problema de la justicia social y simbólica

Por su carácter plural, la universidad pública está en capacidad de aportar a la construcción de una ética de lo público. Pero esa capacidad está siendo minada por quienes desde el Estado, desde la sociedad y aun desde el interior de la universidad pública promueven la idea de que lo único distintivo de esta universidad es proveer una educación subsidiada. Aceptar tal idea es abonar el terreno para el siguiente paso argumentativo que incuba con facilidad en cierta óptica clasista y despectiva afín con una ideología muy en boga hoy en día: ‘la universidad pública es una pesada carga presupuestal que, cuando no es eficiente en términos de su contribución al mercado, debe ser tratada como un gasto prescindible’. Esta óptica no aprecia en la universidad pública su capacidad para volverse modelo social de convivencia y superación razonable de los antagonismos y prefiere enfatizar en el hecho de ser la universidad que se nutre de los dineros del  contribuyente y exigirle en consecuencia una productividad medible con criterios puramente eficientistas (en términos de formación profesional), ignorando el hecho de que en las sociedades modernas el ‘gasto’ estatal en la educación no es generosa donación ni sólo inversión económica en el mejoramiento de las condiciones educativas para el desarrollo económico sino, ante todo, un frente indispensable en la generación de la estabilidad política, la moralidad social, la síntesis cultural en pro de una identidad nacional más fuerte y la formación creativa de soluciones a los problemas de la convivencia humana.

También por esto hay que enfrentar la idea de que la universidad pública tiene que ser  necesariamente una universidad popular, con dedicación exclusiva a los sectores más  pobres de la sociedad y casi por oposición a los sectores medios o altos. Esta idea casi siempre va ligada a la tácita intención de reducirla a un simple taller de capacitación de esos sectores, peligrosa adscripción que le va imponiendo a la universidad pública una función residual. Al contrario, la universidad está más bien destinada a ponerse al servicio de la superación de las barreras sociales que impiden la movilidad social y condenan a los sectores populares a permanecer en una situación de postración crónica. Para ello no basta con una mínima cualificación instrumental, exenta de crítica y análisis; no basta con formar la mano hábil del operario que opera una máquina que no sabe cómo funciona en un orden económico y social que tampoco sabe cómo funciona y sirviendo a intereses que no sabe cómo se relacionan con sus propios intereses. Esto es aun más insuficiente hoy, cuando el conocimiento se está convirtiendo en la primera utilidad marginal de la economía y el primer potenciador del cambio social. Por ello es que necesitamos ayudar a remover, desde la universidad pública, algunas de las ‘funciones’ que la división de clases ha establecido entre las diferentes universidades de una ciudad, una región o un país.

Porque es evidente que la universidad pública aparece como una más dentro de un sistema universitario donde, de una manera no justificable, las instituciones cumplen funciones clasistas. Hay  universidades de elite para formar cuadros directivos, universidades para formar cuadros administrativos y universidades que son casi clubes sociales para el acceso privilegiado a empleos y cargos en el alto gobierno y en las altas  financias y posiciones de decisión. Al otro lado del espectro, tienden a proliferar las universidades-garaje, cuya función es explotar esa franja de bachilleres que, por razones académicas, no puede entrar a la universidad pública y, por razones económicas, tampoco puede entrar a las costosas universidades privadas que educan a la elite. A la universidad pública se la quiere asimilar a estas universidades, con la diferencia de que ella es sostenida con dineros públicos. A esta clasificación socioeconómica se le agrega una clasificación funcional: ella debería ser el espacio de formación de mano de obra calificada para la educación, la salud y la producción industrial y agropecuaria, mano de obra que mejore su nivel de vida pero que se mantenga por fuera de los espacios claves de decisión política y que no intente  alterar el orden social y económico.

En la medida en que la universidad pública se reduzca a eso, está complacientemente insertada en una estructura social que contradice su compromiso ético con una concertación pública de las opciones. Por eso es que ni siquiera es admisible que se le inyecte presupuesto a la universidad pública desde el Estado sólo con el fin de formar más capital humano. Como bien lo ha señalado Leopoldo Múnera, citando al filósofo y economista indio Amartya Sen, la educación, por ser un bien colectivo, no puede reducirse a ser un instrumento al servicio exclusivo del aumento de la producción.  Múnera lo sintetiza así: “el valor social de la educación no puede ser medido en términos simples de productividad económica, propios del concepto de capital humano; pues con  respecto a él, la educación contiene un conjunto de externalidades relativas al bienestar, la libertad y la transformación individual y colectiva” [Múnera, 1999: 16]. No se está diciendo que la educación pública no deba servir para cualificarnos mejor como mano de obra, sino que nos tiene que servir, ante todo, para ser libres, ayudando a crear esa capacidad funcional que, para Amartya Sen, es indispensable para realizarnos en un mundo cada vez más complejo, capacidad para proponernos fines dignos de nosotros mismos y para que podamos efectivamente alcanzarlos. [ver Sen  2000 y 2001]. No se va a la universidad, pues,  para ser un peón cualificado y mejor pagado, sino para ser una persona más libre viviendo en una sociedad más justa y con una competencia lingüística, moral y política capaz de incidir en el curso de los intereses comunes.  

Así las cosas, si la universidad pública se define como pública solamente desde la exclusión social, ello la inhabilita para ser artífice o potenciadora de una ética de lo público, que tiene que ser una ética consensualmente construida, como ya lo había dicho antes. Enfaticémoslo: si la universidad pública se deja reducir a una entidad cualificadora de mano de obra, ella estará aun más inhabilitada para ser forjadora de una cultura de lo público. Más aun si se privatiza siguiendo la idea de que la educación, lejos de ser un derecho, es un servicio disponible sólo para quien pueda pagarlo. En ese caso quedaría reducida, ahora sí, a una tienda que sólo vende cualificación al mejor postor, caso en el cual, como lo recalca Múnera, ella sólo sería movida  “en función (...) de las ventajas comparativas que le ofrece a cada uno de sus usuarios potenciales” [Múnera, 1999:16]. Aun si éste fuera el criterio que rige a las  universidades privadas, como muy a menudo se dice, no debe ser el de la pública. Ella debe estar allí para servir al mejoramiento colectivo, produciendo bienes de saber colectivamente utilizables en el afianzamiento del bienestar general y sometiendo a crítica los obstáculos que se oponen a ese afianzamiento. Debe operar como un espacio público que es ya un comienzo mismo de la esfera pública. 

Por todo lo anterior, parece muy apropiada la meta que nos propone Rodolfo Llinás: “la meta del sistema educativo colombiano debe ser el óptimo desarrollo del saber, la dignidad humana, la solidaridad colectiva, la conciencia social y ecológica tanto global como local. (...) un componente original de la nueva educación colombiana será no sólo su avanzado manejo de los campos del saber básico para formar personas pensantes e informadas a nivel internacional: será necesario, además, su articulación a estructuras educativas locales que no sólo contienen valiosa información para el manejo apropiado de los recursos ambientales, sino que generan las bases de la solidaridad social necesarias para un real desarrollo sostenible (...) que puede utilizar con provecho el acceso de que dispone a los legados occidental, amerindio y afroamericano” [Llinás, 1994: 18].

En conclusión, contra toda tendencia a afianzar un sistema universitario donde las universidades se clasifican por clases y por tipos de preparación, hay que levantar la bandera de la universidad pública como espacio de reconciliación social, de superación de las barreras, de escuela de democratización entre sectores que se mirarían  eternamente con desconfianza si estuvieran por siempre obligados a permanecer confinados en espacios diferenciados de educación y socialización.  Esto es particularmente importante en sociedades donde proliferan cada vez más los colegios privados (costosos y buenos, costosos y malos, baratos y malos) que ahondan la separación social de la niñez y la juventud sobre bases económicas, culturales, raciales, de vecindad y otras. Si ya es un hecho que los niños se educan  separados por alambradas, se requiere un espacio educativo donde las diferencias se reconcilien y se produzcan valores comunes que sustenten lo público.  Invertir en la universidad pública es, entonces, invertir en una síntesis educativa, en un proceso de socialización de las nuevas generaciones, en un laboratorio para nuevas formas de convivencia civilizada y en la superación crítica de las condiciones de separabilidad.  Fortaleciendo, pues, la  universidad pública se forma y se fortalece la ética de lo público.

Pero para esto la universidad pública debe dar ejemplo de justicia social y simbólica con respecto a todos aquellos que permanecen excluidos del orden político, cultural y económico. Para comenzar, como ya dije, no se puede forjar o fortalecer una esfera pública desde la separabilidad y la exclusión, por lo que hay que oponerse a cualquier intento de reducir la universidad pública a universidad de pobres, ni aceptar la idea de que educar a los pobres es únicamente formar capital humano.  Sin embargo, superar todo esto es una condición necesaria, pero no suficiente, para convertir la universidad pública en artífice de una actitud cívica. Es necesario, además, que esa actitud se corresponda con cierta certeza que le permita a la gente, y no sólo a la gente pobre, percibir que el orden social que habita y el orden político que obedece no son simples imposiciones y que su condición económica no es fortuita, si es ventajosa, ni insuperable, si no lo es. Sólo así podría la gente sentir una identidad con la institucionalidad social y política, pues la ve asentada sobre bases justas. Y para que la universidad pública sea el espacio donde esa actitud cívica nazca, se requiere que ella sea la primera institución social justa, que ella ejerza una práctica justiciera con respecto a las oportunidades.

A mi parecer, nadie debe llegar a la universidad pública solamente porque es pobre (quitándole el cupo a otro más capaz simplemente porque el otro es más rico). Así como la pobreza no puede ser condición suficiente de ingreso, tampoco puede ser obstáculo para el mismo o para la permanencia dentro de la universidad: nadie debe ser excluido de la universidad pública, si es capaz, sólo porque le faltan recursos, porque es pobre: es responsabilidad del sistema educativo garantizar la permanencia en ella de quienes, deseándolo y mostrando capacidades, ven amenazada esta permanencia por factores económicos. De esa forma, debe ser la capacidad (léase capacidad académica) el criterio central de ingreso y permanencia en la universidad.  El mérito (léase el acumulado de conocimientos y habilidades adquiridas) no debe ser criterio suficiente, ni la necesidad económica razón suficiente para ingresar y menos aun impedimento para hacerlo. Ahora bien, al privilegiar la capacidad sobre el conocimiento, al momento de entrada, la universidad pública se compromete a compensar académicamente las desventajas educativas que ciertos estudiantes capaces traen del bachillerato y que no se deben a su falta de voluntad sino a las condiciones social y económicamente diferenciadas del sistema educativo básico. Si la universidad pública atiende a la capacidad y promueve la excelencia académica, podrá además zafarse de la idea simplista de que ella provee una educación mediocre y residual, idea que es de suyo contrafáctica, habida cuenta de la excelente preparación y capacidad investigativa de su personal docente.  

Pero los impedimentos que hasta ahora enfrentan las personas con el sistema universitario nacional o regional no se limitan sólo a factores económicos. Además de ser compromiso de la universidad pública el esforzarse por superar la tendencia de excluir de la educación a personas por factores económicos, debe también comprometerse con la superación de las exclusiones por origen y composición familiar, racial, de género o de orientación sexual o de condición física, tendencia que también hace del sistema  universitario un sistema de exclusión. Del mismo modo, la universidad pública debe ir, y con la misma oferta de calidad, a esos lugares donde está la gente que no puede venir a las grandes ciudades y que también tiene las capacidades para entrar a un proceso  educativo universitario. Si la universidad privada, especialmente la de baja calidad, se extiende por todo el territorio copando el mercado, la universidad pública debe extenderse proveyendo el servicio y la oportunidad, en condiciones más justas.

Ir allá no debe ser un sacrificio adicional sino una ventaja de la cual se puede sacar provecho. Como bien lo decía la propuesta de Llinás ya citada, es perentorio que la universidad colombiana se beneficie también del recurso cultural existente en nuestro medio y esté en capacidad de reconocer la diversidad y decantar los saberes allí acumulados.  En esto la universidad debe alejarse un poco del cultismo eurocentrista que siempre la ha animado, reduciendo su tarea cultural a propagar la obra de lo que los multiculturalistas llaman “ilustres difuntos varones blancos”, para hacer, cada vez de nuevo y siempre precariamente, una síntesis entre nuestras raíces occidentales y nuestra obstinada realidad mestiza más en concordancia con nuestra identidad nacional.  La universidad está en un contexto no sólo para enseñar sino también para aprender, para investigar, para devolver a ese contexto un espejo donde pueda mirarse sin complejos. Si está ubicada entre la costa pacífica y el altiplano andino,  no puede sólo dedicarse a enseñar la medicina occidental, sino también proponerse hacer algo contra la malaria o la lesmianasis.  No sólo enseñar inglés, sino latín y paéz. No sólo propiciar la lectura de Schakespeare y Borges sino también de Martán Góngora y Andrés Caicedo. No sólo formar doctores en química o filosofía sino también capacitar permanentemente maestros de primaria y servir de espacio de encuentro para líderes comunitarios. No sólo  proponerse investigaciones de punta de la universidad norteamericana, japonesa, alemana o francesa, sino investigaciones sobre nuestra realidad.  La abismal ventaja que nos lleva la universidad de punta a nivel internacional no la vamos a reducir solamente siendo como ellos sino siendo, con claridad, una universidad contextualmente anclada y que se nutre privilegiadamente de su contexto.  La universidad debe salir al plano internacional fortalecida por su propio acervo, llevándolo a un plano universal, y no como una enclenque copiadora de saberes y prácticas que aún no puede dominar.

Con esto ya queda dicho algo también con respecto a la justicia simbólica. Porque superando las barreras de clase y de preparación preuniversitaria, conectando la universidad más directamente con su entorno, sin perder sus metas de excelencia y universalidad del saber, la universidad pública ya está haciendo justicia a otro nivel todavía más importante para consolidar una verdadera esfera pública, está reconociendo nuestra diversidad y esto la hace fundamental en la tarea de fundar un nuevo consenso sobre lo público.

Buena parte de la identidad de lo público, que otrora se definía desde la exclusión, tiene que comenzar a redefinirse en términos plurales que requieren una nueva articulación que pasa por la revisión de los estándares clásicos de la cultura occidental (cristiana, varonil, blanca, europeizada, machista, homofóbica, sutilmente racista y etnocentrista). Eso le impone a la universidad una nueva tarea, esta vez en el plano simbólico y educativo, a favor de aquellos sectores, colectividades y culturas que han sufrido un ancestral daño por parte de la cultura hegemónica, que no han sido reconocidos y no han podido articular una identidad con la cual presentarse en el terreno de lo público. De hecho en el plano internacional la universidad está viviendo lo que algunos han llamado la revisión del cánon [ver Susan Wolf y Amy Gutmann, 1994] a fin de superar las barreras del entendimiento unilateral (en sentido congnitivo de “entender”) de la cultura para dar paso a un entendimiento multilateral entre las culturas (en el sentido comunicativo de “entendernos”).  Esta tarea tiene que asumirla la universidad colombiana o, al menos, su universidad pública, si queremos construir lo público en un país que pasó súbitamente de ser hispánico, blanco y católico (o ser oficialmente asumido como tal) a multiétnico y pluricultural. Para lograr esto, tendrá que darse un nuevo tipo de tarea docente, investigativa y de extensión, un diálogo interdisciplinario que, tal vez, no entablarán las universidades que sólo programan actividades profesionalizantes. 

6. Diversidad ética  y moralidad pública

Hasta el momento he venido hablando de una ética de lo público como si ella fuera posible. Llegados a este punto propongo cambiar el término ética pública o ética de lo público por el término moralidad pública, más afín con nuestra recientemente reconocida realidad plural.    

En la medida en que un pueblo es pensado como una comunidad éticamente constituida, es decir, un conglomerado humano uniformado por una comunión de valores, es fácil definir los valores que han de regir lo público. En tales casos, como en la Alemania nazi, la Unión Soviética stalinista o la España franquista, es fácil determinar que la función de la universidad es expresar y fortalecer el espíritu ario, el espíritu socialista o el espíritu de la hispanidad católica. En tales casos se podría suponer, aunque sólo fuera una suposición, la existencia de lo que el sociólogo francés Emile Durkheim llamó solidaridad mecánica, es decir, una sociedad cohesionada a partir de un sistema de valores compartidos por todas las conciencias individuales. Pero una vez las sociedades modernas se entienden como complejas y plurivalorativas, no es posible insistir en una comunidad ética y menos imponerle a la universidad la tarea de defender y difundir una ética en particular.

En Colombia ha tenido lugar un tardío pero justo reconocimiento de que nuestra sociedad no es uniforme sino que está habitada por iglesias, clases, culturas, grupos e ideologías que tienen diferentes esquemas valorativos y que lo público, al encarnar cierto valores, no puede aplastar esa diversidad. Si alguna fuerza normativa ha de tener lo público, ella tiene que proceder de una ética post-ética, de una moralidad de lo público que brote de esas pocas actitudes y esos mínimos valores compartidos que podrían sostener la convivencia en medio de la diversidad. Ese es el sentido de mi afirmación de que habría que hablar más de una moralidad pública que una ética pública.

De nuevo, la universidad está llamada a ser mater, gestora de una nueva actitud ante la diversidad. Porque ella, más que el partido, la etnia o la iglesia, por naturaleza entidades cerradas sobre sí mismas, puede enseñar a la sociedad ese estar de acuerdo en tolerar cierto desacuerdo, que parece ser la única esperanza de lo público en nuestros días.  Lo público se nutriría entonces de los valores del libre examen, la tolerancia y la tendencia a ceder ante las mejores razones, propios del ethos universitario. En un país que se reconoce ahora como multiétnico y pluricultural, esta sería otra decisiva contribución de la universidad a la formación de una sólida moralidad pública.

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