Una democracia viva implica mucho mas que simplemente elecciones. La investigación, la critica social, el debate, la posibilidad real de incidir en la toma de decisiones, la libertad de pensar, opinar y expresar, son también ramas fundamentales de la democracia compleja. Históricamente, la universidad o mas específicamente la universidad publica ha sido un escenario social donde prosperaba la libertad y evolución de las ideas, un foro de donde venían propuestas, alternativas y soluciones y en ese marco juega un papel imprescindible en la democracia y el progreso de la sociedad. Una democracia viva exige una universidad viva porque a través de la participación de los sectores populares, brinda al pueblo las herramientas, los conocimientos, la confianza y las habilidades necesarias para participar en el proceso democrático.
Cabe señalar que Colombia no solo vive en un conflicto armado sino también un conflicto social que sugiere desde las grandes desigualdades en la riqueza, el poder y el acceso a los recursos de conocimiento. La universidad es un foro para las soluciones de este conflicto, un espacio publico donde los que están afectados pueden acceder los conocimientos, intercambiar ideas, discutir y trabajar hacia la paz con justicia social. En este sentido de presentar alternativas a la guerra y la injusticia, la universidad presenta un desafío al sistema político y económico existente y como tal los involucrados en los movimientos sociales universitarios están sujetos a una represión estatal brutal.
La implementación mundial del modelo económico neoliberal exige la reducción de las obligaciones sociales de los Estados-Nación y como tal implica la disminución de los presupuestos disponibles para derechos sociales y el aumento desproporcionado en lo militar para desvertebrar la protesta a las reformas. Los derechos sociales están siendo vistos cada vez mas como productos comerciales propocionadados por el sector privado menos que derechos o el patrimonio del pueblo, la responsabilidad por el proporcionamiento de lo cual queda con el estado. El sector educativo no ha sido excluido de este proceso y hoy en día es valuado a un estimado US$2 Trillones internacionalmente. El ímpetu de privatizar este sector viene desde el propósito de explotar este mercado al beneficio de las empresas multinacionales, el fenómeno ha sido global y dominante. Privatización de la educación implica unos problemas que sugieren desde los conflictivos entre los objetivos de empresas privadas y la universidad como patrimonio social, o bien, la discordia entre el motivo de ganancia y lo de proporcionar educación como un bien social. Estos incluyen:
- Menor accesibilidad a causa de reducciones en fondos estatales y los consecuentes incrementos en costos a los usuarios.
- Enfoque y dirección de investigación académico determinado por rentabilidad potencial.
- Mas despidos de trabajadores empleados, y profesores para disminuir costos e incrementar ganancias.
- Menos cursos ofrecidos debido a la cancelación de cursos que no están relacionados con los intereses del mercado.
- Recorte de libertad académica, critica social, autonomía universitaria y amenaza a la democracia en materia de la terminación forzada de los contratos de profesores y propuestas de investigación criticas a los inversionistas o sus intereses.
- Peor calidad de educación debido a la combinación de los puntos anteriores.
Mientras la privatización y la resistencia en su contra son fenómenos globalizados, la represión estatal para asegurar la imposición del modelo económico neoliberal por la fuerza que es particular en Colombia y requiere acción social en pro de los derechos humanos. En colombia tenemos un doble proceso: la privatización con la criminalizacion de la protesta social. En vista de esto, la universidad publica como escenario de discutir las realidades y trabajar hacia la transformación de la sociedad se encuentra bajo ambas la amenaza de privatización y la de represión estatal. Aquellos que se han atrevido a ejercer sus derechos constitucionales de opinar, protestar, diferenciarse, y movilizarse contra las políticas estales agraviadas del conflicto social y armado se han encontrado con violencia estatal. Estudiantes, profesores, trabajadores y empleados han sido asesinados, desaparecidos, amenazados de muerte, golpeados, detenidos arbitrariamente, exhilados y secuestrados por parte del estado o grupos paramilitares cuasi-estatales. El Estado a través de la penalización de la protesta social, ha judicializado a mas de 2.400 dirigentes, líderes, activistas y pobladores comunes que parezcan sospechosos en pesquisas y allanamientos masivos. Para la resolución de conflicto, para una democracia real, para la el futuro del país y por todo todos que han sido víctimas a la violencia estatal, es la hora de actuar...
